La política neoliberal impulsada los 90s, mediante un proceso de reformas estructurales, que incluyen privatizaciones, reducción del gasto público y promoción de la inversión privada, ha logrado un importante desarrollo económico para el país. Sin embargo y a pesar de estos logros, este modelo se muestra como no incluyente: uno de cada dos peruanos es pobre.
Además de excluyente, el modelo ha dejado pocos instrumentos para la promoción de inversiones estatales (el supuesto que si lo hace el Estado no será bueno, gana a muchos). Estos procesos han desarrollado en parte los servicios públicos como luz, telefonía, algunas vías y aeropuertos: las privatizaciones han dinamizado el mercado, son cambios que se han dado en las zonas urbanas de costa. La pobreza se acentúa con la desigualdad, y nuestro crecimiento ha sido desigual. Este modelo ha mostrado que demora en llegar a todos y aunado a la deficiencia del Estado (con sus paquidérmicos pasos para corregir las “fallas” y la espera del “chorreo”) son parte de la situación. Es en este contexto que las zonas rurales son las más desfavorecidas, sus altas tasas de migración, de pobreza y desnutrición son muestra de ello.
El Estado no se ha fortalecido, eso se hace más evidente en sectores como salud, educación, trabajo y agricultura; sectores donde las políticas tienen corte social
[1]. Reconozcamos que tenemos MEF, RREE y quizá Vivienda como ministerios fuertes, sin embargo las tareas y recursos de los demás dejan una escasa presencia Estatal.
Las recientes iniciativas del Ejecutivo que apuestan a la promoción de titulación de tierras comunales, tienden a ser más de lo mismo, a seguir de pies juntillas lo que De Soto propugna en el Misterio del Capital, algo que tiene a más de un escéptico; Richard Webb lo muestra como un proceso complejo, difícil sino imposible como solución de desarrollo incluyente. Es pues, un problema más complejo que el simplismo que asume García.
Estas normas apuntan a promover la inversión en zonas rurales donde la inversión ha sido siempre baja, buscan atraer capitales y actores sociales de otros lados. Actores de poder en zonas donde el Estado tiene presencia mínima. Encargar el desarrollo a privados no está mal, pero aquí lo que se espera es que sean ellos –los privados- y no el Estado, los encargados de la superación a la pobreza. Estas iniciativas legales tienen colaterales aparentemente no considerados, como desmantelar la institucionalidad rural: las comunidades, espacios reconocidos por la constitución, los cuales sin sus tierras, sin sus derechos adquiridos, pierden poder y el desmantelamiento de sus usos y costumbres solidarias preservadas a través de siglos. Las cifras que esto NO funciona son elocuentes, así si por un lado hay un boyante crecimiento, por otro, la pobreza afecta a uno de dos peruanos, a 7 de 10 en zonas rurales.
El caso de la minería da pruebas más elocuentes: Cajamarca sigue siendo –tal como al inicio de operaciones de Yanacocha- el quinto departamento más pobre del país. En Huancavelica existe varios denuncios mineros y está la mina Santa Bárbara ¿alguien cree que sólo con eso se moverá la situación?. La base de nuestra competitividad -asumida por varios- está en contar con factores de producción de baja remuneración. El pleno empleo de ciertas zonas de costa a partir del boom agroexportador deberá ser contrastado con la capacidad adquisitiva, derechos laborales y acceso a salud de la gente involucrada.
Es importante mencionar que si la norma fuera consensuada con los interesados y contara con la difusión necesaria, sería legítima, sin embargo los procesos van a que esto fluya de la manera más caleta o clandestina posible. El mismo origen de una norma que puede cambiar la configuración del censo agropecuario (más de la mitad de las tierras agropecuarias y forestales están en manos de comunidades) deja mucho que decir. No esta mal que el Ejecutivo promueva normas, está mal que estas no salgan de quienes son los encargados de hacerlo, más aún cuando sus implicancias son políticas y trascienden a más de un millón de peruanos.
Y lo más importante es ¿Cuál es el conocimiento de las comunidades sobre las cuales se promueve este proyecto?, obviamente quienes promueven la norma no son comuneros y lo que ven son los espacios y recursos, no las redes sociales ni factores que los bolsillos no puedan medir. El Estado, en suerte de república bananera, está buscando concentrar los principales recursos en los grandes inversionistas, con los cuales su poder de negociación es bajo. No olvidemos que la presencia estatal en zonas rurales y sus políticas de desarrollo han mostrado ser pocas efectivas, esto suena a deshacerse de un peso y buscar un beneficio más económico que político.
Estas normas hubieran sido más aplaudibles hace algunos años, cuando los modelos estaban comenzado a implementarse, hoy los resultados del mismo modelo aquí y en otros lados, muestran que son salidas de cortísimo plazo para las zonas rurales. Y lo más alarmante, es que no hay una acción por el desarrollo de la institucionalidad y la presencia del Estado en estas zonas. Así, si con la primera ronda de privatizaciones vendimos las joyas de la familia, ahora el Estado queriendo seguir el mismo patrón y sin consultar a comuneros intentará rematar propiedades que por su condición –e inacción del propio Estado- ellos no pueden aprovechar. Venderá las joyas que no le pertenecen, pero cuyo costo social no lo cargará Alan, sino quienes le sigan, y el mapa de pobreza rural no se habrá alterado.
[1] Salud y Educación, son junto con Justicia los pliegos con mayor número de huelgas.
